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En tiempos en los que Estados Unidos bombardea a Venezuela y secuestra a su presidente junto con su esposa, vale la pena recordar un informe publicado en abril del año 2019 por los prestigiosos economistas estadounidenses Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot titulado ‘Sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela’. El estudio afirma que entre el 2017 y el 2018 las sanciones impuestas por Estados Unidos causaron la muerte de más de 40,000 persones. El resumen del informe dice: 

“Este documento analiza algunos de los impactos más importantes de las sanciones económicas impuestas a Venezuela por el gobierno estadounidense desde agosto de 2017. Concluye que la mayor parte del impacto de estas sanciones no ha afectado al gobierno, sino a la población civil.

Las sanciones redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto en adultos como en niños) y desplazaron a millones de venezolanos que huyeron del país como resultado del agravamiento de la depresión económica y la hiperinflación. Exacerbaron la crisis económica de Venezuela e hicieron casi imposible la estabilización de la economía, lo que contribuyó aún más al exceso de muertes. Todos estos impactos perjudicaron desproporcionadamente a los venezolanos más pobres y vulnerables.

Aún más severas y destructivas que las amplias sanciones económicas de agosto de 2017 fueron las sanciones impuestas por orden ejecutiva el 28 de enero de 2019 y las órdenes ejecutivas posteriores de este año y el reconocimiento de un gobierno paralelo, que, como se muestra a continuación, creó un nuevo conjunto de sanciones financieras y comerciales aún más restrictivas que las propias órdenes ejecutivas.

Constatamos que las sanciones han infligido, y cada vez más, daños muy graves a la vida y la salud humana, incluyendo un estimado de más de 40.000 muertes entre 2017 y 2018; y que estas sanciones encajarían en la definición de castigo colectivo a la población civil, tal como se describe en las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya, de las que Estados Unidos es signatario. Además, son ilegales según el derecho internacional y los tratados que Estados Unidos ha firmado y aparentemente también violarían la legislación estadounidense”

El informe completo se puede encontrar aquí.